Japón ha enfrentado la mayor disminución de población desde el inicio de los registros oficiales, disminuyendo en casi un millón de personas en 2024. La brecha entre nacimientos y decesos alcanzó niveles sin precedentes, evidenciando la progresión de una crisis demográfica que, con cada año que pasa, sigue intensificando los retos sociales y económicos de la nación.
Según los datos más recientes del Ministerio del Interior y Comunicaciones, la población japonesa se redujo en 908.574 personas durante el último año. El número total de nacimientos cayó a 686.061, el más bajo desde que se inició el registro en 1899, mientras que las muertes superaron los 1,6 millones. Por cada nuevo nacimiento, fallecieron más de dos personas, una proporción que subraya la profundidad del problema.
Incremento rápido del envejecimiento y disminución de nacimientos
La disminución demográfica no es algo reciente para Japón, ya que el país ha experimentado dieciséis años seguidos de baja en su población. En la actualidad, el número total de habitantes en el país es de aproximadamente 124,3 millones, lo que supone un 0,44% menos que el año anterior.
Uno de los factores centrales en esta tendencia es el envejecimiento acelerado de la población. Las personas mayores de 65 años representan casi el 30% del total nacional, la segunda cifra más alta del mundo. Por su parte, la población en edad laboral, entre 15 y 64 años, ha disminuido al 60%, reduciendo significativamente la base activa que sostiene los sistemas de salud y pensiones.
La cantidad de hijos por mujer a lo largo de su vida se ha mantenido significativamente por debajo del nivel necesario para el reemplazo desde los años 70. Aunque hay numerosos programas gubernamentales destinados a impulsar la natalidad, los logros han sido escasos.
Políticas públicas y barreras estructurales
Ante esta situación, el primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado la crisis demográfica como una “emergencia silenciosa”. Su administración ha prometido intensificar las políticas favorables a la familia, entre ellas la expansión de guarderías gratuitas, la implementación de horarios laborales flexibles y nuevos subsidios a la vivienda.
Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a obstáculos estructurales que dificultan su eficacia. El elevado costo de vida, los salarios estancados y una cultura empresarial que valora largas jornadas laborales desincentivan la formación de familias. Además, las mujeres continúan enfrentando presiones sociales que las colocan como cuidadoras principales, con escaso apoyo institucional, lo que contribuye a posponer o descartar la maternidad.
Las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para alterar una trayectoria que apunta a una disminución continua y acelerada de la población japonesa.
La inmigración: una alternativa limitada y delicada políticamente
A lo largo de los años, Japón ha seguido una política migratoria estricta, algo que no es común en otras economías avanzadas. Sin embargo, la creciente falta de personal ha empujado al gobierno a implementar iniciativas temporales, tales como visas para nómadas digitales y programas de entrenamiento para empleados del extranjero.
Hoy en día, el total de habitantes extranjeros en el país es de 3,6 millones, lo que equivale aproximadamente al 3% de toda la población. Aunque este número es un récord histórico, la influencia de la inmigración en la composición demográfica del país continúa siendo restringida.
En el ámbito político, el asunto de la migración sigue siendo motivo de discusión. La comunidad japonesa, predominantemente conservadora, todavía presenta resistencias ante una mayor apertura migratoria, a pesar de los indicios de requerimiento que se observan en el mercado laboral y el envejecimiento de la población.
Consecuencias visibles en el tejido urbano y rural
El descenso demográfico ya se observa en varios aspectos de la vida diaria en Japón. De acuerdo con datos oficiales, cerca de cuatro millones de casas han quedado desocupadas en los últimos veinte años, particularmente en áreas rurales. Muchos pueblos y aldeas están afrontando la pérdida de población, con servicios públicos disminuidos y economías locales en deterioro.
Esta despoblación amenaza la sostenibilidad de comunidades enteras, generando un efecto dominó sobre la infraestructura, la educación y el acceso a servicios médicos. En las áreas urbanas, aunque el impacto es menos visible, se proyectan efectos a mediano plazo en la oferta de empleo, el consumo interno y la viabilidad fiscal del sistema de bienestar.
Un reto a largo plazo sin respuestas inmediatas
La crisis demográfica de Japón no solo plantea retos sociales y económicos, sino que también pone a prueba la capacidad del país para adaptarse a un nuevo paradigma poblacional. Las soluciones estructurales requerirán cambios culturales profundos, reformas en el mercado laboral y una redefinición del rol de la inmigración en la sociedad japonesa.
Aunque las medidas actuales buscan mitigar los efectos del envejecimiento y la baja natalidad, los datos revelan una realidad persistente que no muestra signos de revertirse en el corto plazo. En este contexto, la necesidad de una estrategia de largo alcance se vuelve cada vez más urgente para garantizar la sostenibilidad de una nación que se enfrenta, silenciosamente, a uno de los mayores desafíos de su historia moderna.
