El Congreso de la República analiza tres iniciativas de ley presentadas por el diputado Ronald Portillo (bloque Vamos) dirigidas a reforzar la estrategia de seguridad del Estado contra las pandillas y grupos criminales organizados. Dos de estas propuestas, que incluyen una reasignación presupuestaria de Q3 mil millones para instituciones de seguridad y justicia, fueron remitidas a las comisiones legislativas correspondientes para su discusión y dictamen.
Las iniciativas surgen como respuesta al incremento sostenido de delitos como extorsiones, homicidios y sicariato, atribuidos a estas estructuras criminales. «Las maras han excedido la capacidad del Estado y son urgentes las medidas para fortalecer el combate frontal», afirmó Portillo durante la sesión plenaria.
Detalles de las Iniciativas
Iniciativa 6582: Ley para el Financiamiento al Combate contra las Maras y Pandillas
Esta propuesta consta de cinco artículos y busca una reasignación extraordinaria de Q3 mil millones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Los recursos se distribuirían en partes iguales de Q500 millones para seis instituciones clave:Organismo Judicial (OJ)
Policía Nacional Civil (PNC)
División Especializada en Investigación Criminal (DEIC)
Sistema Penitenciario
Ministerio Público (MP)
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
El objetivo es dotar a estas entidades de «personal técnico calificado, infraestructura adecuada y tecnología de vanguardia» para asegurar investigaciones robustas, procesos judiciales ágiles y centros penitenciarios seguros. El Ministerio de Finanzas tendría un plazo de 30 días para ejecutar la distribución si la ley es aprobada. Esta iniciativa fue enviada a las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y de Reformas al Sector Justicia.
Iniciativa 6581: Ley para el Fortalecimiento al Combate de las Maras o Grupos Criminales Organizados
Esta segunda propuesta, más extensa con 28 artículos, fue remitida a las comisiones de Gobernación y de Reformas al Sector Justicia. Su punto central es la tipificación expresa del delito de sicariato agravado, con penas que podrían alcanzar los 50 años de prisión cuando la víctima sea:Un menor de edad.
Un miembro o exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Un operador de justicia.
La iniciativa busca endurecer sustancialmente las penas para los crímenes cometidos por estos grupos organizados.
Análisis y Próximos Pasos
Expertos en seguridad y finanzas públicas han señalado que estas iniciativas, aunque responden a una demanda social urgente, «merecen un profundo análisis técnico». Se debe evaluar no solo la disponibilidad de los recursos sino también la capacidad de absorción y ejecución efectiva por parte de las instituciones beneficiarias, así como la estrategia integral para asegurar que la inversión se traduzca en una reducción real de los índices delictivos.
El pleno del Congreso espera los dictámenes de las comisiones para proceder a la discusión y votación de las iniciativas en el hemiciclo.
