El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y poner bajo control federal la policía de Washington D.C. Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo por reducir la criminalidad y lo que él ha calificado de “desorden” en las calles de la ciudad. En un anuncio realizado el lunes, Trump aseguró que tomará “medidas drásticas” para enfrentar lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, apuntando especialmente a la creciente presencia de personas sin hogar en la vía pública.
El jefe de estado defendió su decisión al afirmar que la ciudad enfrenta un nivel descontrolado de criminalidad, señalando en particular crímenes como robos, balaceras y asesinatos. Según el líder, Washington D.C. tiene una cantidad de homicidios mayor que algunos de los «peores lugares del mundo», a pesar de las estadísticas que indican una disminución de los delitos violentos en la capital. Los datos de la policía local muestran un descenso del 26% en los crímenes violentos y una disminución del 12% en los asesinatos, lo cual contrasta con las afirmaciones del líder.
Supervisión federal en las fuerzas policiales y las iniciativas de seguridad pública
En el conjunto de medidas anunciadas, Trump subrayó que la administración federal se hará cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi. Además, se movilizarán más oficiales de policía, del FBI y de otras fuerzas federales para controlar las calles y “erradicar a las pandillas delictivas”. Trump también expresó la intención de desalojar a las personas sin hogar de los espacios públicos, llevando a cabo lo que él llamó una “limpieza” de los “barrios pobres” de la ciudad.
“Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven. No vamos a permitir que la ciudad siga siendo un lugar donde los delincuentes y las personas sin hogar sean una carga para nuestros ciudadanos”, dijo el presidente. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción, especialmente por parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien defendió los esfuerzos locales por reducir la criminalidad y criticó la postura de Trump, calificando sus afirmaciones como erróneas.
El estado de las personas sin hogar en Washington D.C.
Según la organización Community Partnership, que trabaja con personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 personas sin hogar en Washington D.C., de las cuales unas 800 viven en la calle. En los últimos años, la ciudad ha implementado diversas iniciativas para reducir esta cifra, pero la falta de vivienda sigue siendo un problema persistente. A pesar de las críticas a la administración de Bowser, los datos oficiales de la ciudad han mostrado avances en la disminución de los delitos violentos, con una reducción significativa de robos y agresiones.
El enfoque de Trump, sin embargo, no ha sido bien recibido por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por las personas sin hogar. Al tratar de “limpiar” las calles, los críticos señalan que el presidente está criminalizando la pobreza y las condiciones de vida difíciles, sin abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda o la violencia.
Conflictos políticos y la legislación sobre la autoridad presidencial
El movimiento de Trump posee un significativo elemento político, considerando que Washington D.C. no cuenta con el mismo nivel de representación que los estados, lo cual habilita al presidente para hacer elecciones federales de control en la capital. Mediante la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la facultad de involucrarse en la gestión policial de la ciudad en circunstancias de “emergencia”. No obstante, toda acción que se extienda más de 48 horas debe comunicarse al Congreso y no puede continuar más de 30 días sin su consentimiento.
Este es un punto delicado en la relación entre la administración federal y el gobierno local, ya que Bowser ha insistido en que la policía de Washington D.C. tiene la capacidad de manejar la situación sin intervención federal. La disputa sobre el control de la policía metropolitana refleja una creciente división entre los gobiernos locales y la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump.
Un enfoque polémico y sus implicaciones
El despliegue de la Guardia Nacional y el control federal sobre la policía de la ciudad marcan un giro significativo en las políticas de seguridad pública, que contrastan con las políticas implementadas por gobiernos locales y estatales en otras partes del país. Aunque la criminalidad sigue siendo una preocupación legítima en muchas ciudades, el enfoque de Trump de aumentar la presencia militar y federal en las calles podría generar más tensiones con las autoridades locales y con las comunidades afectadas.
Los detractores del mandatario han subrayado la paradoja de su sugerencia de emplear a las fuerzas armadas en la ciudad, considerando la polémica por la inacción de su gobierno durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios asaltaron el Capitolio. Esta inconsistencia ha intensificado la discusión sobre el uso correcto de la fuerza federal y cómo la administración enfrenta las tensiones políticas y sociales en el país.
En última instancia, la decisión de Trump de intervenir directamente en Washington D.C. representa un caso complejo de gobierno federal frente a la autonomía local, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos civiles y el tratamiento de las personas más vulnerables en la sociedad.
